Volando Bajo |Isabel Soriano

Vemos como desde lo sucedido con el empadronamiento, no empadronamiento en Vic, el PP ha decidido izar la bandera de la xenofobia. Lo que no es raro porque la derecha siempre ha despreciado al migrado. Salvo, claro esta, cuando estos suponen una fuente de ingresos importante para las arcas del estado y la demanda de mano de obra los reclama, siempre y cuando eso sí, sean sumisos, entiendan que son ciudadanos de segunda y firmen (según su propuesta electoral) un contrato por el que se someten a ciertas 'reglas de juego' donde por supuesto, el nacional tiene más derechos. Acude de nuevo la derecha española el sentido patrio y a la superioridad de la 'raza' nacional que tanto recuerda al Tercer Reich.

Con este panorama es bueno recordar que en 1997, Mariano Rajoy, a la sazón Ministros de Administraciones Públicas, firmó una resolución por la que obligaba a empadronar a todos los inmigrantes, todos, independientemente de su situación legal. Pero claro, eran otros tiempos, había trabajo en abundancia y se dejaban explotar al gusto del señorito. Otra cosa es la situación actual, donde el paro azota con dureza el país. Y con esta tesitura, cualquier parado o familiar de un parado cae con facilidad en la trampa de las consignas del Partido Popular de 'los inmigrantes nos quitan el trabajo', o 'aquí no cabemos todos'. Demagogia barata, porque los datos nos muestran un realidad bien distinta, la tasa de paro en los inmigrantes alcanza el 30%, esto es, 12 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro en los nacionales.

Así que echando mano del pragmatismo, debemos hacer uso de la ley, dejar claro que los ayuntamientos están obligados a empadronar, porque el padrón permite conocer, en función de su población real, las necesidades de cada pueblo o ciudad en lo que a seguridad ciudadana, servicios médicos o educativos, infraestructuras, etc...se refiere. Por otro lado otorga derechos fundamentales, como el de la sanidad o la educación. Negar estos derechos a un ser humano no sólo les aboca a la marginalidad, sino que supondría no reconocer un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.